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Ley Lasalle: ¿Contra la piratería o contra el ciudadano?

Con la aprobación de la ley Lasalle, el gobierno pretende dar un golpe de gracia a la piratería, así como evitar que España entre a formar parte de nuevo de la lista negra que los EE.UU. se han encargado de redactar. Pero, ¿vale todo con tal de conseguirlo?

Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley que prepara el gobierno respecta a las copias privadas de las obras. Sólo podrán hacerse de aquellas de las que se disponga de su original, adquirido mediante una transacción comercial legal y replicadas con medios propios. Esto excluye directamente a contenidos descargados de internet, aunque se trate de descargas autorizadas y en regla. No se podrá hacer copia de obras prestadas ni guardar grabaciones de programas televisivos permanentemente.

Yo me pregunto cómo van a hacer cumplir todas estas directivas. Para registrar una vivienda se necesita una orden judicial y, si no hay indicios claros de sospecha delictiva, esa orden no se puede obtener. Por tanto, ¿no se trata de una norma utópica e irrealizable? Aparte de esto, ¿qué sentido tiene grabar un programa de televisión si no se puede almacenar? Hay gente a la que le gustan ciertas emisiones, pero no puede verlas por diversos motivos, sobre todo por el horario. En mi opinión, una vez emitido el programa por primera vez, no se causa ningún daño a la empresa que lo retransmite si se repone mediante una copia privada. Pero esto afectaría claramente a la estrategia de reponer contenidos hasta la saciedad en la que se basan algunas cadenas.

Por otra parte, personalmente yo adquiero de forma legal diversos programas de la red, tales como sistemas operativos, herramientas de desarrollo, suites ofimáticas, etc… Si no dispongo de una copia original del producto, dado que su medio de distribución es digital, ¿estaría infringiendo la ley? Me parece de un absurdo tremendo.

Otro de los puntos que me parecen más polémicos es la capacidad que se otorga a la comisión para la protección de los derechos de propiedad intelectual de cerrar sitios web a su propia discreción. Se sancionará y cerrarán tanto las páginas dedicadas a la compartición de enlaces, como cualquier otra que contenga un enlace a un contenido protegido, exceptuando los buscadores, de los que se presupone su neutralidad y buena fe. Aparte de que este poder es absolutamente abusivo, hay páginas de cierto tipo, como los foros, en los que la información fluye a toda velocidad y es dificilísimo controlar las publicaciones de todos los usuarios. Del mismo modo que para los buscadores de internet se presume su inocencia, ¿por qué a estos sitios se los criminaliza? En mi opinión, esto obedece a intereses comerciales; se crearía un conflicto de gran magnitud si se quisiera cerrar el acceso a Google, pero si es el foro de los amiguetes, ¿a quién le importa?

Por último queda destacar el tema del canon digital. Con todas estas medidas anunciadas, uno pensaría que esta tasa de compensación para las sociedades de gestión será suprimida; nada más lejos de la realidad. El canon digital seguirá en vigencia a pesar de todas estas restricciones a la hora de mantener copias privadas de las obras. Es más, se amplía, puesto que los centros educativos, hasta ahora exentos de pagarlo, tendrán que empezar a abonarlo como corresponde.

El canon digital se pensó como una manera de compensar a los autores por la creciente presencia de copias ilegales de sus obras, sobre todo en la red. Ahora bien, ¿hasta qué punto es ilegal una copia descargada de internet si estás pagando una tasa por ella? Desde el primer momento, me pareció que esta medida era una justificación perfecta para no sentirse uno un ladrón, más con la imposición actual, que se deriva del IRPF. Si estoy pagando porque presuponen que voy a descargar contenidos de forma ilegal, ¿por qué no hacerlo? Al final acaba siendo una transacción comercial.

A esto agrego aquí mi percepción como autor. Como podéis ver, mi libro se vende a través de la editorial a 20 €. Contando con que la financiación de la edición y la impresión del mismo la he tenido que financiar yo, y que también hay bastantes intermediarios en cuanto a la distribución que se llevan una parte del pastel (bastante grande), al final, de esos 20 €, yo sólo saco en torno a 2 de beneficio; es decir, el 10%. Entonces, ¿quiénes son los grandes perjudicados por las descargas ilegales? ¿Los autores o toda la maquinaria editorial y distribuidora que hay alrededor? Teniendo en cuenta que el autor sólo recibe en torno a un 10% del daño causado, no cabe duda de la respuesta. Además, el hecho de que una obra se difunda aunque sea de forma ilícita, al final repercute en el beneficio del autor.

Vaya por delante que yo no estoy adscrito a ninguna sociedad de gestión de derechos y no tengo intención de estarlo en un futuro próximo. Puede que sacara un poco más de dinero si lo hiciera, pero sus planteamientos y acciones me parecen hasta inmorales en algunas ocasiones (véase el ejemplo de los conciertos benéficos a los que han ido a cobrar).

Para finalizar, simplemente dejar clara mi conclusión sobre esta propuesta de ley: no se trata de proteger los derechos de los autores; se trata de sacar todo el dinero posible a los maltrechos bolsillos de los contribuyentes, intentando estirar un modelo de negocio que está más agotado cada día que pasa.

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